El Grupo Popular presentará este viernes una moción en el pleno del Cabildo de Gran Canaria para que se ejecute la sentencia del TSJC que anula la restricción de 20 viajes mensuales a taxis sin licencia de Telde e Ingenio en el aeropuerto de Gando.
El Partido Popular llevará al pleno del Cabildo de Gran Canaria de este viernes una moción que insta al gobierno insular a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula las resoluciones de 2021 y 2022 que limitaban a 20 al mes los viajes que los taxis sin licencia de Telde e Ingenio pueden realizar al aeropuerto de Gando para recoger pasajeros, conocidos como 'transfer'. La medida, que se gestiona a través de una plataforma telemática de la Consejería de Transportes del Cabildo, lleva cinco años afectando a los taxistas de 19 municipios de la isla.
La moción, impulsada por el Grupo Popular, recuerda que antes de la pandemia de la covid no existían restricciones de este tipo en las áreas consideradas sensibles, como el aeropuerto y los puertos de La Luz y de Las Nieves. Según el PP, la sentencia del TSJC desmonta los argumentos del Cabildo para mantener esta medida restrictiva, al considerar que no cabe introducir limitaciones en la libertad de empresa basadas únicamente en motivos económicos.
El fallo del TSJC, que ha sido recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, da la razón a la Asociación Pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) y desestima el recurso de apelación presentado por el Cabildo, el Ayuntamiento de Telde y la Federación Regional de Taxis de Canarias (Fedetax) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de abril de 2025. Ambas sentencias coinciden en que la restricción no está justificada como medida administrativa apropiada para garantizar la buena gestión del transporte, el tráfico y el espacio público en las áreas sensibles.
La clave de la decisión judicial es que, una vez superadas las limitaciones al transporte derivadas de la pandemia, el Cabildo mantuvo la contingentación en el uso del 'transfer' en Gando para los taxistas sin licencia municipal de Telde e Ingenio, lo que supone una restricción injustificada de la libertad de empresa. La sentencia también señala que no está acreditado que esta medida sea congruente y sistemática para lograr los objetivos de buena gestión.
Desde el PP consideran que la sentencia debe ejecutarse de inmediato, ya que la limitación afecta a los taxistas de la mayoría de los municipios de Gran Canaria, que ven reducidas sus posibilidades de trabajar en el aeropuerto. La moción insta al gobierno insular a acatar el fallo y eliminar el límite de 20 viajes mensuales, así como a restablecer la situación anterior a 2021.
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por una coalición de izquierdas, ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que la ejecución podría demorarse hasta que se pronuncie el alto tribunal. Sin embargo, el PP defiende que, mientras se resuelve el recurso, se debería aplicar el fallo del TSJC para no perjudicar a los taxistas.
La Asociación Pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) ha celebrado la decisión judicial y confía en que el Cabildo cumpla con la sentencia. La organización recuerda que la limitación ha generado un perjuicio económico significativo a los profesionales del taxi de la isla, especialmente a aquellos que operan en municipios sin licencia en el aeropuerto.
El debate sobre la regulación del 'transfer' en el aeropuerto de Gando no es nuevo. Desde hace años, los taxistas de Telde e Ingenio defienden la necesidad de limitar la entrada de vehículos de otros municipios para garantizar su actividad, mientras que los profesionales del resto de la isla consideran que la restricción es una traba a la libre competencia. La sentencia del TSJC pone fin, al menos de forma provisional, a esta controversia, aunque el recurso ante el Supremo mantiene la incertidumbre.
La moción del PP se debatirá este viernes en el pleno del Cabildo de Gran Canaria, donde se espera un intenso debate entre los grupos políticos. El gobierno insular deberá posicionarse sobre si acata la sentencia o espera la decisión del Tribunal Supremo. Mientras tanto, los taxistas de 19 municipios continúan a la espera de que se elimine un límite que consideran injusto y que ha mermado sus ingresos durante los últimos cinco años.
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