El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto un procedimiento sancionador contra la Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem) por presuntas infracciones graves y muy graves, con multas que podrían alcanzar los 54.000 euros y la posible rescisión del contrato.
El Consistorio capitalino, a través de la Dirección General de Contratación y Patrimonio, ha iniciado un expediente que podría derivar en sanciones económicas de hasta 53.970,9 euros y, en última instancia, en la resolución del contrato de concesión de los cementerios municipales, firmado en 1997 y vigente hasta 2047.
La resolución, firmada el pasado viernes por Rafael de Francisco Concepción, designa al jefe del servicio de Patrimonio, Adrián Vega, como instructor del procedimiento. Se investigan dos hechos principales: un presunto incumplimiento contractual por desviar la actividad propia de Canaricem a la empresa Jomavaro, con la que comparte administrador, y una supuesta obstrucción reiterada y falseamiento de información.
Según el documento municipal, las supuestas irregularidades se han detectado a partir de la documentación aportada por la propia concesionaria en respuesta a requerimientos de información, sin necesidad de informes externos. La auditoría encargada en noviembre de 2024 sobre el estado de los recintos funerarios ya había cuestionado la gestión, pero el actual expediente se basa en los datos remitidos por Canaricem.
El primer incumplimiento señalado es la subcontratación de obras que, según el pliego, debía ejecutar directamente Canaricem. De los 41 trabajos a particulares subcontratados en 2024, 34 fueron realizados por Jomavaro, empresa con la que Canaricem comparte administrador y una apoderada. El Ayuntamiento considera que esta relación evidencia una unidad de decisión y de intereses, lo que podría constituir un desvío de ingresos hacia Jomavaro y una minoración del canon del 5% sobre los ingresos brutos que Canaricem debe abonar al Consistorio.
Los técnicos municipales advierten de que esta situación podría justificar la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario para determinar el verdadero volumen de ingresos de la concesión. Asimismo, señalan que Canaricem incorpora como gastos de explotación las facturas de Jomavaro, lo que podría suponer un incremento artificial de los costes y una distorsión del resultado económico.
El pliego de la concesión limita la subcontratación a obras anejas y servicios auxiliares, pero el análisis municipal considera que Jomavaro ha asumido de forma habitual trabajos propios y esenciales de la concesión, excediendo los límites autorizados. Tanto la imputación incorrecta de ingresos como la de gastos se califican como infracciones muy graves, que pueden conllevar multas de entre 10.794,18 y 53.970,9 euros, además de la posible resolución del contrato.
El Ayuntamiento ha concedido a Canaricem un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones. La resolución aún no ha sido notificada a la empresa, que podrá defenderse de las acusaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.
Las relaciones entre el Consistorio y Canaricem vienen marcadas por las críticas del gobierno municipal al deterioro en el mantenimiento, conservación y limpieza de los cementerios públicos, así como por discrepancias en la información facilitada por la concesionaria. La auditoría externa de 2024 ya había puesto de manifiesto deficiencias, aunque el actual procedimiento se sustenta en la documentación aportada por la propia empresa.
Este nuevo capítulo de la denominada 'guerra de los cementerios' podría tener consecuencias significativas para la gestión de los servicios funerarios en la capital grancanaria, donde más de 300.000 vecinos dependen de estas instalaciones. La posible rescisión del contrato abriría un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del servicio y la necesidad de una nueva licitación.
De momento, el procedimiento sigue su curso. La empresa concesionaria tiene la oportunidad de presentar alegaciones y evitar las sanciones, pero el Ayuntamiento ya ha dejado claro que los indicios de incumplimiento son graves y que no descarta llegar hasta la resolución del contrato si se confirman las irregularidades.
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