La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, rechaza las críticas del consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, sobre las licencias concedidas en el barranco de Veneguera. Bueno asegura que el Ayuntamiento actuó en cumplimiento de sentencias judiciales y que la verdadera responsable de la inseguridad jurídica es la institución insular.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha salido al paso de las declaraciones del consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, quien cuestionó las licencias otorgadas por el Consistorio para actuaciones en el barranco de Veneguera promovidas por Costa Canaria de Veneguera, vinculada al Grupo Lopesan. Bueno sostiene que las resoluciones municipales se adoptaron en ejecución de sentencias judiciales y con respaldo de informes jurídicos, y que el Cabildo pretende desviar la atención de años de inacción propia.
La regidora recuerda que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 15 de diciembre de 2014 ya advertía de que la falta de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Rural del Nublo provocaba la pérdida de validez de su declaración y dejaba sin soporte al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). El Tribunal Supremo ratificó esta doctrina. Años antes, en 2012, otra sentencia había llegado a conclusiones similares sobre el Parque Natural de Tamadaba.
Pese a ello, el Cabildo de Gran Canaria no inició la elaboración del PORN Nublo-Tamadaba hasta el 28 de mayo de 2021. Es decir, transcurrieron casi nueve años desde la sentencia de Tamadaba y más de seis desde la del Parque Rural del Nublo sin que la administración insular actuara para recuperar la seguridad jurídica. “Las sentencias estaban ahí, las consecuencias jurídicas también, pero quienes hoy se presentan como defensores del territorio dejaron pasar los años sin aportar una solución”, afirma Bueno.
La alcaldesa subraya que las medidas cautelares que ahora invoca el Cabildo, previstas en el artículo 23 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no existían cuando comenzaron muchos de los expedientes vinculados a Veneguera. Fue un acuerdo plenario del Cabildo de 2021, publicado en el BOC el 7 de julio, el que estableció dichas cautelares para los espacios incluidos en la tramitación del PORN. “Es importante explicar la cronología completa y no analizar los hechos como si se hubieran producido en 2026”, manifiesta Bueno.
En el denominado Tramo 4, la empresa presentó la solicitud de licencia en abril de 2017 para la canalización del barranco y el acondicionamiento del camino. El Consejo Insular de Aguas la autorizó en marzo de 2018. Sin embargo, el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo emitió un informe desfavorable en agosto de 2018 y, por ello, el Ayuntamiento denegó la licencia en abril de 2019. La empresa recurrió y obtuvo una sentencia favorable del TSJC, la número 291/2023, de 13 de julio de 2023, que concluyó que la denegación no podía basarse en el PRUG del Parque Rural del Nublo porque este carecía de validez. En ejecución de esa sentencia, el Ayuntamiento otorgó la licencia en abril de 2024.
En el Tramo 2, la tramitación comenzó en septiembre de 2017 y el Consejo Insular de Aguas autorizó en mayo de 2022. Para entonces, el Ayuntamiento ya contaba con informes jurídicos que advertían de la necesidad de inaplicar el PRUG por su pérdida de eficacia, además de los pronunciamientos judiciales existentes. “El Ayuntamiento tuvo que resolver procedimientos complejos en medio de informes, autorizaciones y pronunciamientos contradictorios procedentes del Cabildo”, señala Bueno. La alcaldesa recuerda que se solicitó formalmente el pronunciamiento del presidente insular, Antonio Morales, pero nunca llegó.
Bueno insiste en que el Ayuntamiento no adoptó decisiones arbitrarias ni ignoró los criterios ambientales, sino que actuó en un contexto de inseguridad jurídica generada por la propia institución insular. “Durante años no escuchamos al presidente del Cabildo explicar por qué seguía sin aprobarse el PORN”, concluye. La alcaldesa defiende que las licencias concedidas lo fueron en cumplimiento estricto de la legalidad y de las resoluciones judiciales, y pide al Cabildo que asuma su responsabilidad en la situación creada.
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