La Fundación César Manrique presenta un estudio que califica de 'neoextractivista' el despliegue de energías renovables en Lanzarote, alertando de la ocupación de suelo agrícola y la falta de participación ciudadana.
La Fundación César Manrique ha puesto el dedo en la llaga. Un informe elaborado por el Grupo de Bioeconomía de la Universidad de Santiago de Compostela, a lo largo de año y medio, concluye que el actual modelo de implantación de energías renovables en Lanzarote es 'neoextractivista'. El estudio recoge las voces de pescadores, agricultores, científicos, empresarios y colectivos ecologistas, y todos coinciden en que la transición ecológica es necesaria, pero no a cualquier precio.
La coordinadora del equipo, Rosa María Regueiro Ferreira, lo explica sin rodeos: «Volvemos a aplicar en el ámbito renovable lo mismo que hemos aplicado en el fósil». La afirmación resuena con fuerza en una isla que ha basado su economía en el turismo y la agricultura, y que ahora ve cómo los parques eólicos y fotovoltaicos avanzan sin una planificación que respete sus singularidades. El estudio advierte de que el modelo actual hipoteca el futuro de los habitantes de Lanzarote.
El 73,67% del suelo ZAR es de protección agraria
La reciente aprobación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote ha encendido todas las alarmas. Los mapas aprobados reservan un 3,75% del suelo insular para grandes instalaciones, cuando para cumplir los objetivos energéticos bastaría con un 0,23%. El dato más preocupante es que el 73,67% del suelo catalogado como ZAR es de protección agraria. Los investigadores consideran que esto supone «hipotecar la capacidad de la isla para producir alimentos».
El problema del agua añade otra capa de complejidad. Lanzarote pierde más de la mitad del agua desalada por las fugas en la red, y el sector turístico consume el 44,5% del total, muy por encima del 4,1% que corresponde a la agricultura. Regueiro plantea la cuestión: «¿Cómo van a ponerse al frente de una expansión agraria si no tienen garantizado el agua?». Reducir esas pérdidas, insiste el informe, permitiría bajar la demanda energética «sin instalar un solo aerogenerador».
En el mar, la situación no es más halagüeña. Dos proyectos de eólica marina, promovidos por Ocean Winds y Capital Energy, avanzan sin estudios suficientes sobre el fondo marino ni sobre la pesca. Los aerogeneradores previstos alcanzarán los 247 metros de altura —apenas 70 metros menos que la Torre Eiffel— y estarán situados a menos de dos kilómetros de la costa, la distancia más corta de toda la ordenación marítima española. Los pescadores del norte temen, además, una mayor presión sobre la Reserva Marina de La Graciosa.
Propuestas para un modelo energético alternativo
Frente a este escenario, el estudio propone un orden de prioridades claro. Antes de ocupar nuevo suelo, urge repotenciar los cinco polígonos eólicos existentes, que suman 40,7 MW y pueden cubrir hasta el 35% del consumo eléctrico en momentos puntuales. También se apuesta por fomentar la fotovoltaica sobre techos urbanos e industriales, ya degradados. La directiva europea RED III, recuerda el equipo, obliga a priorizar precisamente esos suelos.
El modelo danés emerge como referencia. En Dinamarca, por ley, la propiedad de las renovables es mayoritariamente local y los beneficios se quedan en el territorio. Damiano Volpi, técnico ambiental del equipo, insiste en que ninguna alternativa tiene «impacto cero», pero que la participación temprana de la ciudadanía «aumenta la aceptación social y fomenta la cohesión territorial». La Fundación César Manrique propone, además, que las nuevas instalaciones sean de propiedad pública y se gestionen a través de comunidades energéticas.
El debate energético en Lanzarote refleja una tensión que recorre todo el archipiélago. Canarias, gobernada por Coalición Canaria con apoyo externo, ha apostado por acelerar las renovables, pero lo ha hecho bajo un modelo que concentra la inversión en grandes empresas. El Cabildo de Lanzarote, del mismo color político, ha vivido un cisma interno: aprobó las ZAR y semanas después pidió suspenderlas ante el rechazo vecinal. Mientras, los proyectos de eólica marina —aún en tramitación— carecen de estudios de impacto sobre los caladeros locales.
Para el vecino de Lanzarote, la cuestión no es menor. La ocupación de suelo agrícola amenaza la producción local de alimentos, mientras que las fugas de agua en la red suponen un despilfarro que encarece el suministro. La Fundación César Manrique pone sobre la mesa una vía alternativa: propiedad pública, repotenciación y comunidades energéticas. La ventana de oportunidad se abre ahora, porque el real decreto-ley 7/2026 exige transparencia y participación temprana en la delimitación de las ZAR. La próxima cita la tendrán en las mesas de participación ciudadana que el Cabildo prevé convocar en los próximos meses. Allí, los vecinos podrán decidir si quieren un modelo que priorice el paisaje y la agricultura o uno que apueste por las grandes instalaciones.
¿Qué son las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR)?
Son áreas delimitadas por las administraciones para agilizar la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, pero en Lanzarote el 73,67% del suelo ZAR es de protección agraria.
¿Cuánta energía eólica tiene ya Lanzarote?
La isla cuenta con cinco polígonos eólicos que suman 40,7 MW, capaces de cubrir hasta el 35% del consumo eléctrico en momentos puntuales.
¿Qué propone la Fundación César Manrique para el modelo renovable?
Propone repotenciar los parques existentes, fomentar la fotovoltaica en tejados urbanos y crear comunidades energéticas de propiedad pública.
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