La Fiscalía Provincial de Las Palmas aprecia indicios de prevaricación en un decreto de 2021 firmado por Dolores Corujo y eleva el caso al Tribunal Supremo al ser aforada.
El secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, Pedro San Ginés, ha mostrado su confianza en que la justicia actúe con contundencia tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido al Tribunal Supremo las diligencias del denominado caso Sosa. El Ministerio Público aprecia indicios racionales de una posible prevaricación administrativa, con eventual conexión con otros delitos contra la Administración Pública.
El origen del caso está en el Decreto 5684/2021, dictado por María Dolores Corujo cuando presidía el Cabildo de Lanzarote. Según la Fiscalía, ese decreto podría haber dado cobertura administrativa a una situación que vulneraba las exigencias legales aplicables a los cargos públicos y al manejo de recursos insulares.
La Fiscalía desmonta el relato del PSOE
Pedro San Ginés ha subrayado que, durante años, el PSOE intentó presentar el caso Sosa como una estrategia política de CC. “Hoy la propia Fiscalía desmonta ese relato al apreciar indicios racionales de una posible prevaricación y elevar el expediente al Tribunal Supremo”, ha afirmado en un comunicado.
El dirigente nacionalista ha recordado que la decisión de la Fiscalía no es un archivo, sino precisamente lo contrario. “Entiende que existen elementos suficientes para que sea la Fiscalía del Tribunal Supremo la que valore la continuación de las diligencias por la condición de aforada de Dolores Corujo”, ha explicado.
El transfuguismo y las deudas, en el punto de mira
San Ginés ha ido más allá y ha vinculado el caso con el transfuguismo político. “La investigación tendrá que determinar todas las responsabilidades, pero resulta muy difícil pensar que una operación política de esta naturaleza pudiera desarrollarse sin el contubernio de los expresidentes de Canarias, Ángel Víctor Torres, y de la ex presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo”, ha manifestado.
El nacionalista ha criticado con dureza a Corujo: “Si tuviera un mínimo de decencia política, ya habría dimitido de su escaño en el Congreso y pedido perdón por promover este transfuguismo delictivo y pretender que los lanzaroteños paguen las deudas de Sosa”.
Para los vecinos de Lanzarote, este caso tiene un impacto directo: el decreto de 2021 afectó a la gestión de recursos públicos insulares, y la posible implicación de la expresidenta del Cabildo genera incertidumbre sobre la transparencia administrativa en la isla. Ahora, el Tribunal Supremo deberá decidir si abre una investigación formal contra la diputada nacional.
¿Qué es el caso Sosa?
Es una investigación sobre un decreto firmado en 2021 por Dolores Corujo que podría haber dado cobertura administrativa irregular a Juan Manuel Sosa, y que la Fiscalía ha elevado al Tribunal Supremo.
¿Por qué el caso va al Tribunal Supremo?
Porque Dolores Corujo es diputada nacional y tiene la condición de aforada, por lo que solo el Supremo puede investigarla.
¿Qué consecuencias puede tener para Lanzarote?
El caso afecta a la gestión de recursos públicos insulares y podría derivar en responsabilidades penales si se confirma la prevaricación.
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