La parlamentaria de NC-BC, Natalia Santana, critica la gestión de la Consejería de Bienestar Social, que ha llevado al colapso de los servicios sociales, con más de 2.200 fallecidos en 2025 esperando la dependencia y un 129% más de quejas en discapacidad.
La portavoz sectorial de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha puesto el foco en la gestión de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a la que acusa de haber provocado el colapso de los servicios sociales en las Islas. Durante su intervención, Santana señaló que los retrasos, la falta de personal y la descoordinación se han consolidado en esta legislatura, dejando a miles de familias sin respuestas.
Santana recriminó al Gobierno de Fernando Clavijo y a la consejera Candelaria Delgado, ambos de Coalición Canaria, por “vivir de excusas” mientras los derechos de los ciudadanos se incumplen. “Ya no sirven las excusas ni la herencia recibida; el precio de la responsabilidad ya es de Clavijo y su consejera”, afirmó la parlamentaria, quien considera que los problemas se han cronificado bajo el Ejecutivo de CC y PP.
Uno de los puntos más críticos, según Santana, es la Renta Canaria de Ciudadanía. La ley, aprobada en la pasada legislatura, incluía complementos para vivienda, educación y situaciones de vulnerabilidad que, denuncia, no se han desarrollado. “No se han puesto en marcha ni uno solo”, criticó, añadiendo que el Gobierno “heredó una solución y la ha convertido en un problema para miles de familias”.
En materia de dependencia, Santana subrayó que el decreto presentado por CC como solución ha quedado “desmentido por la realidad”. Más de 2.200 personas fallecieron en 2025 mientras esperaban el reconocimiento de su dependencia, y Canarias sigue necesitando cerca de 19.600 plazas residenciales. “Los derechos no se garantizan con anuncios ni con ruedas de prensa; se garantizan con personal, recursos y gestión eficaz”, sentenció.
El incremento del 129% en las quejas relacionadas con discapacidad es, para la portavoz, “a todas luces injustificable”. Personas que esperan entre cuatro y cinco años para ser valoradas pierden durante ese tiempo ayudas, tratamientos y oportunidades. Santana vinculó esta situación a la falta de personal técnico, recordando que Canarias mantiene la peor ratio de profesionales de servicios sociales del Estado.
En el ámbito de la infancia, la parlamentaria calificó de “especialmente grave” la denuncia de la Diputación del Común, que habla de “obstruccionismo” por parte de la dirección general de Protección a la Infancia por su falta de colaboración. “Estamos hablando de niños y niñas en situación de riesgo”, alertó Santana, quien instó a la consejera Delgado a reflexionar.
Santana también reprochó al Ejecutivo los recortes y la falta de ejecución de fondos destinados a políticas de igualdad, así como la práctica de heredar cargos por vínculos políticos de CC. La “prueba más contundente del fracaso”, según la diputada, es el informe de la Diputación del Común sobre la realidad de 2025, que describe retrasos, silencios administrativos, falta de recursos y una incapacidad creciente para garantizar los derechos fundamentales de los canarios.
Desde NC-BC exigen al Gobierno que deje las excusas y actúe con urgencia para revertir una situación que, advierten, solo empeora con el tiempo. “Canarias necesita respuestas, no más excusas”, concluyó Santana.
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