El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado el dictamen de la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios de la pandemia, que señala al expresidente Ángel Víctor Torres. PSOE, NC-BC y ASG abandonaron el debate y presentaron un voto particular.
El Parlamento de Canarias aprobó este jueves el dictamen de la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios de la anterior legislatura. El texto atribuye una responsabilidad política “especialmente intensa” al expresidente Ángel Víctor Torres, al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, y a otros cargos del área sanitaria. La sesión evidenció una profunda fractura entre los grupos que sostuvieron el anterior Gobierno y los actuales socios del Ejecutivo de Fernando Clavijo.
Abandono masivo y voto particular
Los grupos parlamentarios de PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) abandonaron el debate antes de la votación. Presentaron un voto particular al considerar que las conclusiones del dictamen no se basan en “hechos acreditados”. La posición de ASG resultó clave: al formar parte del anterior gobierno de coalición, la formación gomera se alineó con los socialistas, negando cualquier responsabilidad y tachando la investigación de persecución política.
El diputado de ASG, Jesús Ramos, defendió la complejidad del momento: “No se puede analizar con la serenidad de 2026 lo ocurrido en los primeros meses de la crisis”. Ramos recordó que las decisiones se tomaban “en cuestión de horas” por la competencia internacional por el material sanitario. Subrayó que no es lícito generalizar fallos administrativos sobre un volumen total de cerca de 1.400 contratos.
“Circo político” frente a “intervención directa”
La presidenta del grupo socialista, Nira Fierro, calificó la comisión como un “circo político”. Denunció que el procedimiento “nació con un veredicto escrito de antemano” para desgastar a Torres. Según Fierro, las más de 70 comparecencias realizadas desmontan el relato de la oposición, y recordó que Canarias fue uno de los territorios con menor tasa de mortalidad durante la pandemia.
En la misma línea, la diputada de NC-BC, Esther González, criticó el dictamen como un intento de edificar un “relato con culpables previamente señalados”. Cuestionó especialmente la atribución de culpas a la exconsejera Teresa Cruz, que “solo estuvo 14 días” al frente del departamento sanitario en los inicios de la pandemia. González advirtió de que las recomendaciones del informe podrían derivar en un exceso de “informes, autorizaciones y burocracia” que paralizarían futuras emergencias.
Por el contrario, Coalición Canaria defendió la validez de la comisión. La diputada Vidina Espino sostuvo que el dictamen “desmonta el relato” de que las adjudicaciones fueron meramente técnicas. Afirmó que existió una “intervención política directa” en expedientes como los de Soluciones de Gestión, Eurofins Megalab o RR7. En este último caso, se abonaron “cuatro millones de euros” a una empresa que no entregó el material contratado.
Propuestas para evitar opacidades
Raúl Acosta (AHI), presidente de la comisión, defendió la neutralidad de los trabajos y destacó las veinte propuestas surgidas para evitar que se repitan “situaciones opacas”. Reconoció la existencia de un “muro legal” que dificultó el acceso a la documentación, pero insistió en que el objetivo era mejorar el control público. “Los canarios han pagado millones de euros” sin que haya quedado claro quién propuso o autorizó determinadas adjudicaciones bajo el amparo de la emergencia, señaló.
La controversia deja un escenario político polarizado. Para CC y PP, el dictamen es una herramienta necesaria para reforzar la transparencia. Para los grupos del anterior Ejecutivo, es una causa política basada en la excepcionalidad de una tragedia. La división garantiza que los contratos sanitarios sigan marcando el pulso parlamentario en los próximos meses, con la gestión de la pandemia convertida en un arma arrojadiza permanente.
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