La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife considera una maniobra para evitar su retirada. El Ayuntamiento recurre la orden estatal de retirar la escultura en seis meses.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha calificado de "escándalo" la posibilidad de que el Monumento a Franco, ubicado en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, sea incluido en el catálogo municipal de bienes patrimoniales con algún grado de protección. La entidad considera que este movimiento supone una maniobra para evitar la retirada de la escultura, después de que fracasara el intento de declararla Bien de Interés Cultural (BIC) y de que el Gobierno de España ordenara su retirada del espacio público en un plazo de seis meses.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunció que el Ayuntamiento recurrirá en alzada la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que obliga a retirar el monumento. Además, el Consistorio estudiará, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la posibilidad de incluir la escultura en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de la capital. Esta doble vía ha sido recibida con indignación por parte de las asociaciones de memoria histórica.
Para la ARMHT, la protección patrimonial del monumento supondría un "escándalo" y una "burla" a la Ley de Memoria Democrática, que establece el deber de los poderes públicos de adoptar medidas dirigidas a la reparación de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como a evitar la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o el franquismo en espacios públicos.
El Monumento a la Victoria, conocido popularmente como Monumento a Franco, es una obra del escultor Juan de Ávalos situada en una de las entradas de Santa Cruz. Durante años ha sido objeto de debate por su vinculación con la dictadura franquista y por su presencia en el espacio público. La polémica no gira solo en torno al valor artístico de la pieza, sino también sobre su significado político y simbólico. Para las asociaciones de memoria democrática, el monumento constituye un elemento de exaltación de la dictadura y un agravio para las víctimas del franquismo y sus familias.
En Canarias, la Ley 5/2018 de memoria histórica contempla la elaboración de un catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, y señala que las administraciones públicas deben tomar medidas para retirar objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la rebelión militar, la Guerra Civil o la dictadura. La misma ley prevé excepciones cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha optado por recurrir la resolución estatal que obliga a retirar la escultura en seis meses. El argumento municipal se apoya en que, aunque el expediente BIC fue rechazado, podrían existir otras vías de protección patrimonial, como su inclusión en el catálogo municipal.
El debate sobre el futuro del monumento se ha intensificado en las últimas semanas, después de que el Gobierno central diera un ultimátum de seis meses para su retirada. La Comisión Municipal de Patrimonio deberá pronunciarse sobre la propuesta de protección, que podría chocar con la legislación estatal y autonómica. Mientras tanto, la asociación de memoria histórica ha anunciado que movilizará a la sociedad civil y recurrirá cualquier decisión que permita mantener la escultura en el espacio público.
La situación genera incertidumbre entre los vecinos de Santa Cruz, que ven cómo el monumento sigue siendo un punto de conflicto político y social. Mientras el Ayuntamiento defiende su valor artístico y patrimonial, las asociaciones de memoria recuerdan que su presencia en la vía pública vulnera las leyes de memoria histórica. El próximo paso será la resolución del recurso de alzada por parte del Gobierno de España, que decidirá si la orden de retirada se mantiene o se suspende.
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