La V Conferencia de Presidentes acuerda los criterios del Fondo de Desarrollo de Canarias 2026-2036, que superará los 2.600 millones de euros. Vivienda, infraestructuras sociosanitarias e innovación serán los ejes principales.
El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) entra en una nueva etapa. La V Conferencia de Presidentes, celebrada este jueves en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, ha dado luz verde a las líneas estratégicas del FDCAN para el periodo 2026-2036. El acuerdo, alcanzado entre el Gobierno canario, los siete cabildos y los ayuntamientos, contempla una inversión plurianual que superará los 2.600 millones de euros, con tres prioridades claras: vivienda, infraestructuras sociosanitarias e innovación.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó tras la reunión que el presupuesto base garantizado por el Ejecutivo autonómico asciende a 1.626 millones de euros, pero la cifra final se elevará hasta aproximadamente 2.600 millones gracias a las aportaciones de las corporaciones insulares. “El FDCAN ha sido un instrumento extraordinario para el desarrollo económico y la cohesión territorial”, destacó el presidente de la Federación Canaria de Islas (FECAI), Antonio Morales, quien también valoró el “acierto” de centrar el nuevo fondo en los retos actuales del archipiélago.
Reparto por islas y ejes de inversión
El pacto establece que el 50% del nuevo fondo se destinará a obras públicas, el 35% a infraestructuras sociosanitarias y el 15% a I+D+i. La vivienda se integra dentro del capítulo de obras públicas, pero se configura como una de las líneas tractoras. Además, se mantienen los porcentajes de cofinanciación diferenciados por islas: el Gobierno aportará el 50% en Gran Canaria y Tenerife; el 80% en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura; y el 90% en La Gomera y El Hierro. “Si apostamos por islas iguales y por la cohesión territorial, es importante que el Gobierno se vuelque con las islas no capitalinas”, subrayó Clavijo.
El presidente canario recordó que el FDCAN anterior, vigente entre 2016 y 2026, invirtió 2.619 millones de euros y generó un impacto económico de 4.504 millones, además de crear 47.287 empleos en todas las islas. “Confiamos en que esta nueva etapa repita e incluso mejore esos resultados”, afirmó.
Simplificación administrativa y refuerzo del control
Una de las novedades del FDCAN 2026-2036 es la apuesta por simplificar el régimen jurídico. Clavijo explicó que se eliminarán trámites que “aportaban escaso valor añadido o ralentizaban la ejecución”. Al mismo tiempo, se reforzarán los mecanismos de planificación, seguimiento, evaluación y control financiero para garantizar una gestión más eficaz. “El borrador del decreto está abierto y recibirá aportaciones de todas las instituciones para enriquecerlo”, señaló el presidente.
Antonio Morales, también presente en la conferencia, agradeció al Gobierno su disposición a mejorar el texto normativo con las sugerencias de cabildos y ayuntamientos. “Vamos a cerrar un texto totalmente consensuado”, aseguró. Además, se acordó ampliar un año el plazo de certificación de los proyectos ya en ejecución, lo que dará más margen a las corporaciones locales.
Próximos pasos
El acuerdo de la Conferencia de Presidentes se materializará en un decreto que aprobará el Consejo de Gobierno. Posteriormente, la Comunidad Autónoma negociará y firmará convenios de ejecución con cada uno de los siete cabildos. A partir de ahí, cada corporación insular diseñará y planificará, de la mano de sus ayuntamientos, los proyectos concretos que se financiarán con los 162 millones de euros anuales de media que prevé el fondo.
La reunión contó con la participación de los presidentes de los siete cabildos: Antonio Morales (Gran Canaria), Rosa Dávila (Tenerife), Lola García (Fuerteventura), Sergio Rodríguez (La Palma), Casimiro Curbelo (La Gomera), Ana González (El Hierro) y María Jesús Tovar (Lanzarote). También asistió como invitada la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Mari Brito.
Impacto en el ciudadano
Para los canarios, el nuevo FDCAN se traducirá en más promociones de vivienda pública, nuevas plazas en centros sociosanitarios y proyectos de innovación que buscan diversificar la economía. Los ayuntamientos tendrán un papel clave en la definición de las obras y servicios que se financien, por lo que se espera que los recursos lleguen a todos los municipios, con especial atención a las islas no capitalinas. La simplificación administrativa también debería agilizar la ejecución de los proyectos, reduciendo los plazos de espera.
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