El pesquero 'A Ali-03' fue interceptado el viernes en El Castillo y trasladado a Gran Tarajal. El Ayuntamiento de Tuineje pide su traslado por el riesgo de una tragedia como la de 2018.
La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la llegada de un pesquero marroquí a la costa de Fuerteventura el pasado viernes. La embarcación, identificada como A Ali-03, fue interceptada a la altura de El Castillo y posteriormente trasladada al muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje.
Según fuentes de la investigación, los agentes indagan si el barco fue robado en El Aaiún, en el Sáhara Occidental, y cuál fue el papel del patrón durante la travesía. La nave ondeaba bandera española cuando arribó a la isla con una veintena de inmigrantes de origen magrebí a bordo.
El Ayuntamiento de Tuineje ha solicitado a la Delegación del Gobierno el traslado del pesquero a otro puerto, ante el temor de que se repita una tragedia como la ocurrida en febrero de 2018, cuando un fuerte temporal hundió nueve gabarras y pontones en el mismo muelle. En aquella ocasión, se produjeron escapes de gasoil y otros materiales contaminantes que obligaron a activar medidas de emergencia y a solicitar la colaboración de la Armada.
Tanto el consistorio majorero como Ecopuertos Autonómicos de Canarias han denunciado que no recibieron información del Estado sobre la situación del pesquero, que acumula a bordo combustible y otros materiales contaminantes. La falta de comunicación ha generado malestar entre los vecinos de Gran Tarajal, que recuerdan el desastre medioambiental de 2018.
La investigación policial se encuentra en una fase inicial. Los agentes han identificado a los 20 ciudadanos marroquíes que viajaban en el pesquero y están en contacto con la Gendarmería Real de Marruecos para determinar si existe una denuncia por robo de la embarcación. También se investiga si el patrón actuó bajo coacción o de forma voluntaria.
Hasta que la Policía Nacional no finalice sus diligencias y las presente ante el Juzgado de Instrucción de guardia, no se podrá decidir el destino del barco. El juzgado será el encargado de determinar el veredicto sobre la legalidad de la llegada y la situación de los inmigrantes.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó en 2026 que la empresa consignataria de las gabarras hundidas en 2018 debe abonar 7,1 millones de euros en concepto de gastos públicos por la retirada y los daños causados en el puerto. Aquel episodio, que requirió la activación de la emergencia y la intervención de la Armada con el buque Tornado y la Unidad de Buceo, marcó un antes y un después en la gestión de riesgos portuarios en la isla.
La presencia del pesquero marroquí en el muelle de Gran Tarajal mantiene en vilo a las autoridades locales, que temen que un nuevo accidente pueda provocar una catástrofe medioambiental. Mientras tanto, los vecinos esperan que la investigación aclare los hechos y que el barco sea trasladado a un lugar seguro cuanto antes.
La Policía continúa recabando pruebas y tomando declaraciones a los implicados. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el origen del viaje y las intenciones del patrón, que permanece a disposición judicial.
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