El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, censura que los socialistas hayan vetado enmiendas para proteger a los damnificados por el volcán Tajogaite y la economía insular.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha cargado contra el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias por su voto en contra de las enmiendas presentadas para salvaguardar la economía de la isla. En un comunicado difundido este jueves, el dirigente de Coalición Canaria aseguró que “el PSOE tendrá que explicar por qué vota en contra de La Palma en el Parlamento de Canarias”, en un momento que considera crucial para la recuperación tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.
Rodríguez mostró su “profundo rechazo” y “molestia” ante la postura de los socialistas, a los que acusa de anteponer “los intereses de su partido y sus colores” a los de los ciudadanos afectados de la isla y del Valle de Aridane. La crítica surge a raíz de la votación del miércoles sobre la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, donde el PSOE y Nueva Canarias votaron en contra de las enmiendas propuestas.
Desde el Cabildo insular, con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, se solicitó “blindar los derechos de las familias afectadas y el modelo económico insular por encima de la 'guerra política'”. El objetivo era evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los damnificados por la erupción o cercene el desarrollo socioeconómico de La Palma.
El presidente insular explicó que el Cabildo remitió una carta a todos los grupos parlamentarios pidiendo que debatieran las enmiendas presentadas “in voce”. Sin embargo, el reglamento exige unanimidad para ello, y el veto del PSOE y NC impidió que las enmiendas fueran recogidas en la ley modificada aprobada. “Cercenaron la posibilidad de que ya ayer las hubiera recogido la ley”, lamentó Rodríguez.
Una de las enmiendas clave plantea “salvaguardar de forma explícita los derechos de las familias que perdieron sus propiedades bajo las coladas del Tajogaite, no solo para reconstruir sus casas, sino para mantener el uso de vivienda vacacional que venían ejercitando y que constaba registrado oficialmente en el Gobierno de Canarias”. La normativa autonómica general impone una antigüedad mínima de cinco años para la comercialización turística, lo que, según Rodríguez, “representa un filtro temporal que limita el derecho pleno a la reconstrucción y explotación comercial de los afectados”.
El presidente insular recordó que esta pretensión “ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y por los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias”. La segunda enmienda busca blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley OTAT, para adaptarla a las singularidades de estas islas.
Rodríguez enfatizó que existen “cuestiones fundamentales que deben ser transversales a las discrepancias partidistas” y pidió que los intereses de La Palma se sitúen por encima de la confrontación política. La polémica llega en un momento en que la isla sigue inmersa en su proceso de reconstrucción tras la erupción volcánica, con miles de afectados que aún esperan soluciones habitacionales y económicas.
El Cabildo de La Palma insiste en que la modificación de la ley turística debe tener en cuenta las particularidades de la isla, donde el alquiler vacacional es una fuente de ingresos esencial para muchas familias que perdieron sus hogares y negocios. La postura del PSOE, según Rodríguez, contradice el espíritu de las leyes aprobadas específicamente para la recuperación de La Palma.
Desde el grupo socialista en el Parlamento de Canarias no se ha emitido aún una respuesta oficial a las acusaciones de Rodríguez. La votación de esta semana evidencia la tensión política en torno a la gestión de la reconstrucción, donde el Cabildo, gobernado por CC, y el Gobierno autonómico, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, mantienen discrepancias sobre el ritmo y las prioridades de las ayudas.
Rodríguez concluyó su intervención advirtiendo de que “los palmeros y palmeras no merecen que se juegue con su futuro” y exigió al PSOE que “dé la cara y explique por qué votó en contra de los intereses de La Palma”. La isla sigue a la espera de que la nueva ley turística recoja las enmiendas que garanticen la protección de los damnificados y el desarrollo económico insular.
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