El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto ley que introduce modificaciones en materia tributaria, presupuestaria y de servicios sociales para actualizar la normativa vigente.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que introduce una serie de modificaciones tributarias, presupuestarias y de índole social, con el objetivo de actualizar la normativa autonómica y adaptarla a las necesidades actuales. La medida, impulsada por las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, busca subsanar situaciones concretas y unificar la redacción de disposiciones anteriores.
En el ámbito fiscal, una de las principales novedades es la inclusión de los biocarburantes en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), el Impuesto sobre Combustibles y la Exacción Fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción. De esta forma, se garantiza un tratamiento homogéneo para la tributación de la entrega o importación de combustibles derivados del refino del petróleo mezclado con biocarburante.
Otra modificación relevante afecta a las sociedades de garantía recíproca. Se adapta la regulación del tipo reducido de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, eliminando el criterio de territorialidad como elemento determinante para su aplicación. Este cambio responde a la doctrina del Tribunal Constitucional y busca facilitar las operaciones de estas entidades.
Además, se establece un régimen de tributación excepcional y temporal del tipo cero en el AIEM para la importación de dióxido de carbono, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027. Esta medida tiene un carácter operativo y busca aliviar la carga fiscal sobre este producto.
Gestión de fondos europeos
El decreto ley también incluye medidas para mejorar la gestión de los fondos europeos de recuperación Next Generation. Se incide en la agilización administrativa y la planificación de los recursos provenientes de este instrumento, otorgando mayor flexibilidad a la tramitación de gastos plurianuales y anticipados financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El objetivo es evitar la pérdida de estos fondos, cruciales para la reactivación económica de las islas.
Reforma de la Ley de Servicios Sociales
En el ámbito social, la norma recoge la reforma de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. La modificación adecúa la legislación autonómica al nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los recursos sociales. Se establece una diferenciación clara entre la puesta en marcha de los centros y su vinculación al sistema público.
Así, la ley permitirá que la autorización para la apertura e inicio de actividad de los centros y servicios se realice mediante declaración responsable, manteniéndose las potestades de comprobación, inspección y control de la Administración. La acreditación administrativa quedará vinculada a la prestación de servicios concertados o financiados con fondos públicos, lo que reducirá significativamente los tiempos de incorporación de nuevos recursos.
La reforma también actualiza el régimen de registro, inspección y control previsto en la Ley de Servicios Sociales para hacerlo plenamente coherente con el nuevo reglamento de acreditación, cuya aprobación está prevista próximamente. De esta manera, se busca garantizar la seguridad jurídica tanto de la Administración como de las entidades prestadoras de servicios.
Con este decreto ley, el Gobierno canario pretende dar respuesta a necesidades detectadas en la gestión diaria y adaptar la normativa a los cambios legales y económicos, con un impacto directo en la ciudadanía y en el tejido empresarial de las islas.
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