El Ejecutivo regional ha aprobado un decreto que actualiza la normativa del teletrabajo para el personal de la Administración autonómica, con la obligación de que las RPT especifiquen si el puesto es susceptible de trabajo en remoto y el silencio administrativo negativo.
El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a un decreto que modifica la regulación del teletrabajo para el personal empleado público de la Comunidad Autónoma y sus organismos dependientes. La nueva norma, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, actualiza el Decreto 74/2023 y busca mejorar la eficacia de esta modalidad laboral.
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) incluyan un apartado específico que indique si el puesto es susceptible de desempeñarse en remoto. Esta medida, según fuentes del Gobierno canario, permitirá una mayor transparencia y planificación en la asignación de esta modalidad.
Además, el decreto establece que el silencio administrativo en los procedimientos de autorización para teletrabajar será negativo. Es decir, si la Administración no resuelve expresamente en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, se entenderá denegada. La resolución, que debe ser motivada, corresponde al titular del centro directivo al que esté adscrito el solicitante.
La modificación se basa en la experiencia acumulada en los dos últimos años de aplicación de la norma anterior, así como en los informes anuales de evaluación de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. También se adapta a la Ley 2/2025, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y la gestión eficiente del empleo público en Canarias.
Para acceder al teletrabajo, los empleados públicos deberán cumplir varios requisitos. Entre ellos, contar con los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en el uso de las tecnologías de la información y comunicación corporativas, disponer de un lugar adecuado para teletrabajar con conexión a internet y cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales.
También será necesario tener autorizada e instalada la licencia de las aplicaciones de telefonía y conectividad corporativas, o disponer de un teléfono móvil corporativo publicado en la intranet del Gobierno de Canarias. Asimismo, se exige haber prestado servicios en la Administración autonómica de forma ininterrumpida durante al menos un año y haber ocupado el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes, en el mismo centro directivo durante los tres meses consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.
El plan personal de trabajo será elaborado por la persona responsable de la unidad para aquellos solicitantes cuyas peticiones sean informadas favorablemente. Este plan detallará las tareas a realizar en remoto y los objetivos a cumplir.
Con esta actualización, el Gobierno canario pretende avanzar en la cultura de la dirección por objetivos y garantizar una implantación más eficaz del teletrabajo en la Administración pública regional. La norma afecta a todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.
Los sindicatos han mostrado su interés por el desarrollo de esta normativa, que consideran un paso adelante en la conciliación laboral, aunque advierten de la necesidad de que su aplicación sea real y no genere cargas burocráticas excesivas. Por su parte, desde la Consejería de Presidencia se ha destacado que el decreto busca equilibrar la flexibilidad del teletrabajo con la eficiencia del servicio público.
La entrada en vigor del decreto será inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, por lo que los empleados públicos interesados podrán empezar a solicitar la adaptación de sus puestos de trabajo conforme a la nueva regulación.
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