El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, una norma que busca dar respuesta a la emergencia habitacional en las islas.
El Parlamento de Canarias ha dado luz verde este miércoles a la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, una norma que pretende acortar los plazos administrativos y movilizar suelo disponible para incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible. La iniciativa, impulsada conjuntamente por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, llega en un contexto de emergencia habitacional declarada en el archipiélago.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, calificó la aprobación como "un paso decisivo para eliminar los obstáculos que durante años han ralentizado la construcción de vivienda en Canarias". Rodríguez agradeció el trabajo de los grupos parlamentarios y las administraciones locales durante la tramitación, que permitió enriquecer el texto final con aportaciones diversas.
La nueva ley establece mecanismos de colaboración con los ayuntamientos para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, manteniendo las competencias municipales y el control público sobre los procedimientos. Así, los municipios que lo deseen podrán incorporar informes técnicos elaborados por entidades colaboradoras acreditadas, colegios profesionales o medios propios, lo que permitirá reducir los tiempos de tramitación sin renunciar a las garantías de legalidad.
Una de las novedades más destacadas es la creación de la figura de la vivienda asequible incentivada, dirigida a familias cuyos ingresos superan los límites para acceder a la vivienda pública pero que tampoco pueden afrontar los precios del mercado libre. Este nuevo modelo de vivienda privada en alquiler contará con rentas limitadas, criterios de acceso regulados y supervisión del Instituto Canario de la Vivienda.
El consejero Rodríguez subrayó que "esta ley marca un antes y un después en la política de vivienda de Canarias porque actúa sobre el principal problema que teníamos: el tiempo. De poco sirve disponer de suelo o de financiación si las viviendas tardan años en poder construirse". Añadió que la norma combina medidas para agilizar la gestión administrativa con instrumentos que permiten poner en el mercado más vivienda protegida y asequible utilizando suelo ya transformado, edificios inacabados o parcelas sin desarrollar, sin necesidad de seguir consumiendo territorio.
Entre las principales novedades de la ley destacan la posibilidad de destinar suelos terciarios, industriales o comerciales a uso residencial cuando resulte viable; facilitar la finalización de edificios y urbanizaciones inacabadas para convertirlos en vivienda protegida; permitir la construcción de viviendas protegidas en determinados suelos dotacionales y públicos; e impulsar la construcción industrializada y otras medidas destinadas a reducir los plazos de ejecución de las promociones.
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, afirmó que "hoy el Parlamento envía un mensaje claro: Canarias no puede permitirse que la burocracia siga frenando el acceso a la vivienda". Miranda destacó que la ley es fruto del trabajo coordinado entre las dos consejerías y demuestra que la colaboración dentro del Gobierno da resultados cuando el objetivo es responder a los problemas reales de la ciudadanía. "Ponemos a la administración al servicio de las personas y convertimos la agilización administrativa en una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda", añadió.
La norma también incorpora mecanismos para facilitar la ejecución anticipada de viviendas protegidas, agilizar la actividad de las cooperativas de vivienda, reforzar la función social del parque público de viviendas y establecer criterios de adjudicación que prioricen a quienes más lo necesitan, garantizando la transparencia y el arraigo en Canarias.
La nueva ley mantiene el respeto a la autonomía municipal, ya que las decisiones esenciales sobre planeamiento, cambios de uso o concesión de licencias continúan correspondiendo a los ayuntamientos, al tiempo que preserva todas las garantías en materia de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.
Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias refuerza su estrategia para aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible mediante la simplificación administrativa, la colaboración institucional y el aprovechamiento eficiente del suelo ya disponible. La ley entrará en vigor en los próximos días tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
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