La Consejería de Universidades plantea un incremento de 45 millones en cuatro años para la ULL y la ULPGC, hasta superar los 1.242 millones. El acuerdo busca sustituir la negociación anual por un marco estable y evaluable.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha presentado este 28 de julio a los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra y Francisco García, una propuesta de acuerdo de financiación universitaria para el periodo 2027-2030. La reunión, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, marca un cambio de modelo: se abandona la negociación anual sin horizonte y se apuesta por una programación plurianual, estable y sujeta a evaluación.
El documento prevé un incremento del 16% en la financiación autonómica respecto a la previsión inicial, lo que se traduce en 45 millones de euros adicionales hasta 2030. En total, las anualidades sumarán más de 1.242 millones de euros para el cuatrienio. Esta cantidad incluye la aportación canaria destinada a tecnología, pero no incorpora la posible financiación estatal equivalente ni los fondos extraordinario y singular, cuyas cuantías aún no están cerradas.
La consejera Machín subrayó que “las universidades necesitan estabilidad para planificar y Canarias precisa de que esa estabilidad se traduzca en mejor docencia, más investigación, más transferencia y más oportunidades para el estudiantado”. La ejecución de cada anualidad requerirá cobertura en la correspondiente ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo que otorga un carácter garantista al acuerdo.
Una base estructural creciente
El acuerdo protege en primer lugar la financiación básica consolidable, destinada a personal, funcionamiento ordinario, mantenimiento, inversiones habituales, investigación estructural e infraestructuras científicas. A esta base se suma un fondo de nivelación de 9,7 millones de euros para corregir el desfase estimado entre costes estructurales y aportaciones autonómicas acumulado entre 2021 y 2026.
Según la propuesta, la ULL alcanzaría 173,24 millones de euros en 2030, un 15,76% más que en 2026, mientras que la ULPGC llegaría a 153,65 millones, con un aumento del 16,18%. El reparto parte de estructuras de costes diferentes y combina criterios comunes con instrumentos para atender las singularidades de cada universidad. El esquema incorpora también una financiación competitiva consolidable vinculada al aumento de estudiantes a tiempo completo y una financiación variable que comenzaría a abonarse en 2028, con un máximo del 1% de la financiación básica. Los indicadores que regirán estos fondos deberán quedar definidos y acordados antes de la formalización del marco.
Tecnología, resultados y transparencia
Canarias programa 34 millones de euros para modernización tecnológica durante el cuatrienio, distribuidos en cuatro millones en 2027, seis millones en 2028, diez millones en 2029 y catorce millones en 2030. El Gobierno plantea solicitar al Estado una aportación equivalente mediante los convenios correspondientes, por lo que esa posible cofinanciación no se considera confirmada.
La titular de la Consejería de Universidades insistió en que “debemos distinguir con claridad qué está programado por Canarias, qué depende de convenios adicionales y qué sigue abierto a la negociación. Cada cifra debe comunicarse con su periodo y sus condiciones”. La financiación vinculada a resultados tendrá en cuenta, entre otros ámbitos, la formación continua y las titulaciones duales, la reducción del abandono, la eficiencia académica, la investigación, la captación de fondos, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, la internacionalización y el uso de la capacidad docente.
Cada universidad elaborará su propio Plan Financiero con participación de su Consejo Social. El marco prevé además la implantación de contabilidad analítica, memorias económicas anuales, información verificable, auditoría externa y una comisión de seguimiento con representación de la Consejería, las universidades y los Consejos Sociales. El estudio de eficiencia de la AIReF aportará información adicional para evaluar y, en su caso, adaptar el instrumento mediante acuerdos y adendas.
La negociación continúa
La reunión ha permitido avanzar en la arquitectura y las cifras del modelo, así como identificar los asuntos que requieren mayor precisión técnica. Entre ellos figuran las reglas de los indicadores, las garantías de aplicación, la gobernanza, los anexos financieros, la financiación extraordinaria de infraestructuras y los programas destinados a necesidades singulares.
El ejecutivo canario mantendrá el trabajo técnico con ambas universidades hasta completar el texto y validar sus elementos financieros y jurídicos. No se fija una fecha de firma: el acuerdo se considerará cerrado cuando las partes hayan validado el documento y sus anexos. Machín concluyó que “nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo comprensible y útil para las dos universidades, con estabilidad para planificar, recursos para sostener el sistema y objetivos compartidos para mejorarlo”.
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