El secretario insular del PSOE, Blas Acosta, critica a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la subida de hasta un 78% en el coste del transporte de mercancías para las empresas y familias de Fuerteventura.
El secretario insular del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, ha cargado duramente contra Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a quien acusa de «incapacidad de gestión» y de provocar un encarecimiento de hasta un 78% en el coste del transporte de mercancías para los majoreros. Acosta considera que el problema radica en que Calzada, nombrada a propuesta del Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo, no ha sido capaz de licitar la reforma del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) ni las instalaciones Schengen en el muelle de Puerto del Rosario, lo que lastra la economía local.
En declaraciones recogidas este miércoles, Acosta ha señalado que la propuesta de segregar los muelles de Puerto del Rosario y Arrecife de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para crear un nuevo organismo portuario estatal es «un absurdo operativo». España ya cuenta con 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos de interés general, y crear la número 29 carece de sentido, según el socialista. «La tendencia lógica es la fusión de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, pero sabemos que es una posición política sin recorrido», ha añadido.
Acosta ha recordado que la presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas la propone directamente el Gobierno de Canarias, que «decidió usar el mayor motor industrial de la provincia como trampolín político para una aspirante a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera ha logrado ser candidata». Las consecuencias de esta decisión, ha insistido, «las sufrimos las empresas y familias de Fuerteventura, que estamos pagando hasta un 78% más por los costes del transporte de las mercancías».
El responsable socialista ha subrayado que la «incapacidad de gestión» de Calzada se traduce en la falta de licitación de infraestructuras clave para la isla, como el PIF y las instalaciones Schengen en el puerto de Puerto del Rosario. «Dentro de las muchas incapacidades de gestión de la actual presidenta, a Fuerteventura nos afecta especialmente que haya sido incapaz de licitar la reforma», ha señalado. Acosta ha recalcado que este problema lo ha creado el Gobierno autónomo de Clavijo, quien es «el único» que puede proponer al Ministerio de Transportes el relevo de Calzada según la Ley de Puertos.
En un tono irónico, Acosta ha sugerido que, «puestos a inventar en lugar de solucionar», el Gobierno de Canarias podría plantearse ceder a Puertos del Estado la gestión de los puertos de Morro Jable (Pájara) y Corralejo (La Oliva), actualmente dependientes de Puertos Canarios. De esta forma, las dos principales vías de conexión marítima de Fuerteventura con Gran Canaria y Lanzarote recibirían la inversión «que merecen, que necesitan y que generan, en lugar de repartir ese beneficio majorero en los puertos de la otra provincia».
Por otro lado, el principal defensor de la creación de una Autoridad Portuaria propia para Lanzarote y Fuerteventura es el secretario insular de Coalición Canaria, Mario Cabrera. Cabrera sostiene que ambas islas reúnen las condiciones para una gestión diferenciada de sus puertos y reclama que las decisiones estratégicas se adopten desde las propias islas. «Fuerteventura se ha visto relegada a decisiones que se toman a kilómetros de aquí», ha afirmado, y ha acusado a la Autoridad Portuaria de haber «priorizado históricamente las inversiones del puerto de La Luz».
La polémica llega en un momento en que el coste del transporte marítimo de mercancías es un asunto sensible para la economía majorera, que depende en gran medida de las conexiones con otras islas y la península. La subida del 78% en los costes, según denuncia Acosta, afecta directamente a las familias y empresas de Fuerteventura, que ven cómo sus productos se encarecen sin que se vislumbre una solución a corto plazo. El PSOE insular exige al Gobierno de Canarias que tome medidas para revertir esta situación y que, si no es capaz, «deje de inventar y resuelva».
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