Blas Acosta, secretario general del PSOE majorero, califica de «invento» la propuesta de Asamblea Majorera-CC de segregar la Autoridad Portuaria de Las Palmas y crear una para Fuerteventura y Lanzarote. Acosta acusa al presidente Clavijo de crear un problema con el nombramiento de Beatriz Calzada.
El secretario general del PSOE en Fuerteventura, Blas Acosta, ha cargado duramente contra la propuesta del líder de Asamblea Majorera (AM-CC), Mario Cabrera, de segregar la Autoridad Portuaria de Las Palmas y crear una nueva para las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Acosta ha calificado la iniciativa de «invento» y ha señalado directamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por la situación actual.
Según Acosta, el Ejecutivo regional tiene «un problema sin solucionar en la Autoridad Portuaria (AP) de Las Palmas que a los majoreros nos cuesta dinero». El socialista ha recordado que la presidencia de la AP la propone el Gobierno regional, y que Clavijo «decidió usar el mayor motor industrial de la provincia como trampolín político para una aspirante a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera ha logrado ser candidata».
Acosta se refería así a Beatriz Calzada, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo nombramiento ha sido motivo de controversia. El PSOE majorero sostiene que «las consecuencias nefastas de esta decisión las sufrimos las empresas y familias de Fuerteventura, que estamos pagando hasta un 78 por ciento más por los costes del transporte de las mercancías».
El dirigente socialista ha explicado que ese sobrecoste se debe a la «incapacidad de gestión» de Calzada, quien, según Acosta, «ha sido incapaz de licitar la reforma del PIF ni las instalaciones Schengen en el muelle de Puerto del Rosario». Estas infraestructuras son clave para la conexión marítima de la isla, y su demora afecta directamente a la economía local.
Desde el PSOE se insiste en que el problema lo ha creado el Gobierno de Clavijo al proponer a Calzada, y que es el único que puede proponer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su relevo, tal y como recoge el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ante la propuesta de segregación, Acosta ha ironizado: «Puestos a inventar en lugar de solucionar, el Gobierno de Canarias podría plantearse ceder a Puertos del Estado la gestión de Morro Jable y Corralejo, dependientes de Puertos Canarios». De esta forma, según el socialista, «cabría la posibilidad de que las dos principales vías de conexión marítima de Fuerteventura con Gran Canaria y Lanzarote tengan la inversión que merecen».
Acosta ha recordado que España cuenta ya con 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos de interés general, y crear la número 29 sería «un absurdo operativo». A su juicio, la propuesta de AM-CC es «un amago de amenaza para lograr otros objetivos del empresariado lanzaroteño».
Por último, los socialistas majoreros han señalado que la tendencia lógica desde el punto de vista de la gestión portuaria y del desarrollo económico de Canarias sería la fusión de las autoridades portuarias de Las Palmas y de Tenerife, aunque reconocen que «es una posición política sin recorrido en la actualidad».
La polémica llega en un momento en que el transporte marítimo de mercancías en Fuerteventura sufre incrementos de costes que, según el PSOE, lastran la competitividad de las empresas locales. La reforma del PIF y las instalaciones Schengen en Puerto del Rosario siguen sin fecha de licitación, lo que genera incertidumbre entre los operadores.
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