El Consejo General de Servicios Sociales ha informado positivamente el anteproyecto de la Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, un texto de 192 artículos que sustituye la normativa de 1997 y coloca a los menores como sujetos de derechos. La norma, que también regula el acogimiento familiar y la participación infantil, seguirá ahora su tramitación hasta el Parlamento.
El Consejo General de Servicios Sociales, reunido hoy, ha dado luz verde al anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, un ambicioso texto de 192 artículos que reemplaza por completo la Ley 1/1997 y establece un nuevo marco integral de protección para los menores en las Islas. La norma, que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, refuerza la prevención, la participación y la coordinación entre administraciones.
El proyecto ha sido elaborado de forma compartida con administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, y ha contado con una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años. Este proceso participativo es una de las señas de identidad de la nueva ley, que busca situar la voz de la infancia en el centro del sistema.
Entre las principales novedades, la norma incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. Además, prioriza el acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y garantiza programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes extutelados que superen la mayoría de edad.
En el plano administrativo, la ley eleva las exigencias organizativas y de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para modernizar la tramitación y evitar la fragmentación institucional, se implementará un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC. La participación infantil quedará institucionalizada de manera estable a través de la creación de nuevos órganos de consulta social, entre los que destaca el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.
La implantación real del articulado se realizará de forma escalonada, ya que sus disposiciones adicionales estipulan que su aplicación progresiva estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de las islas. Como balance final, el proyecto configura un sistema integral, gradual, compartido, participado y sostenible. Su principal valor es desplazar el centro de gravedad desde la mera protección administrativa hacia la garantía efectiva de derechos, la prevención, el buen trato y la participación.
El consejero de Servicios Sociales, en declaraciones tras la reunión, destacó que "esta ley supone un cambio de paradigma: pasamos de un modelo asistencial a uno de derechos, donde el menor es protagonista". Añadió que "el principal desafío será convertir ese diseño ambicioso en recursos, coordinación y capacidad profesional suficientes en todas las islas".
La ley seguirá ahora su trámite administrativo habitual hasta ser aprobada en Consejo de Gobierno y ser remitida al Parlamento para su aprobación antes del final de esta legislatura. Se espera que entre en vigor de forma progresiva a lo largo de 2027.
Renta Canaria de Ciudadanía: también informada favorablemente
El Consejo General de Servicios Sociales también ha informado favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía. Este desarrollo reglamentario completa uno de los aspectos esenciales previstos en la Ley 5/2022, al establecer los procedimientos y herramientas que permitirán a los servicios sociales diseñar itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.
El reglamento no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla los instrumentos necesarios para hacer plenamente efectivo el derecho reconocido por la ley, reforzando el papel de los servicios sociales como eje del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad. Entre las principales novedades destaca la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico para valorar la situación de vulnerabilidad; del Plan de Atención Personalizado, que fijará objetivos y actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y laboral; y del informe social acreditativo, documento que servirá de soporte técnico para la concesión, seguimiento, revisión o extinción de la prestación.
Además, la futura norma desarrolla los supuestos excepcionales previstos en la ley para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas que atraviesen situaciones de urgencia o emergencia social. También establece mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas en la gestión de los servicios sociales, así como modelos normalizados para la elaboración del diagnóstico social, los planes personalizados, los convenios de inclusión y los informes sociales, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el territorio de Canarias.
El reglamento incorpora un enfoque transversal de protección de los colectivos más vulnerables, con medidas específicas para personas con discapacidad, menores y familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+, integrando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social. Tras su paso por el Consejo General de Servicios Sociales, el texto continuará su tramitación.
Para los ciudadanos canarios, esta doble aprobación supone un avance significativo en la protección de la infancia y en la lucha contra la exclusión social. La nueva ley de infancia, con su énfasis en la prevención y el acogimiento familiar, promete reducir la institucionalización de menores, mientras que el reglamento de la Renta Canaria de Ciudadanía mejorará el acompañamiento a las personas más vulnerables, con planes personalizados que buscan su inclusión real.
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