Canarias inyecta 16 millones para garantizar la justicia gratuita hasta junio de 2026

El Gobierno de Canarias ha concedido cerca de 16 millones de euros a los colegios de Abogacía y Procuraduría para financiar la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el primer semestre de 2026.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado este jueves en el Consejo de Gobierno de la concesión de 15.995.948 euros en subvenciones destinadas a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría de las islas. Esta partida permite garantizar el servicio de justicia gratuita y turno de oficio para los ciudadanos sin recursos durante los primeros seis meses del año.

Los fondos, gestionados a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, cubren los gastos de infraestructura y funcionamiento que conlleva la prestación de este servicio esencial. Los beneficiarios son los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, así como los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Estas entidades son las encargadas de retribuir a los profesionales del turno de oficio que atienden a quienes necesitan defensa jurídica y carecen de recursos económicos suficientes.

Subida progresiva de los baremos retributivos

El presupuesto de 2026 incluye un nuevo incremento en los módulos de pago a los abogados y procuradores del turno de oficio. Tras la subida del 15% aplicada en 2025, este año los baremos se han elevado un 7%, según ha detallado Barreto. El acuerdo firmado con los colegios profesionales contempla una senda de actualización que culminará en 2027 con un aumento adicional del 8%, lo que supondrá una subida acumulada del 30% respecto a las tarifas de 2024, ajustadas al IPC.

Esta progresión responde a la necesidad de equiparar las retribuciones de los letrados del turno de oficio con la evolución del coste de la vida, un reclamo histórico del sector. La consejera ha subrayado que el compromiso del Ejecutivo canario es mantener un servicio de calidad, pese a que el coste total de la justicia gratuita sigue siendo superior a lo que aporta el Estado.

El lastre de la asistencia a migrantes

Uno de los capítulos que más presiona el gasto es la asistencia jurídica a las personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas canarias. Este servicio, que incluye desde la primera acogida hasta los trámites legales, corre íntegramente a cargo de la comunidad autónoma, ya que el Estado continúa sin abonar su parte. Fuentes de la Consejería de Justicia han señalado que este desfase supone una carga adicional para las arcas autonómicas, que asumen un servicio que debería ser financiado por la Administración central.

Para el ciudadano de a pie, la noticia tiene un impacto directo: quien necesite un abogado de oficio en Canarias durante el primer semestre de 2026 tendrá garantizada la cobertura, sin cortes ni retrasos por falta de fondos. Los colegios profesionales ya han recibido la comunicación oficial y ultiman el reparto de las compensaciones entre los letrados inscritos en el turno de oficio.

La consejera Nieves Lady Barreto ha recordado que el servicio de justicia gratuita es un pilar del Estado de derecho y que Canarias mantiene su compromiso con los ciudadanos más vulnerables, a pesar de las dificultades presupuestarias.

El siguiente hito será la subida del 8% prevista para 2027, que completará el plan de actualización acordado. Mientras tanto, los profesionales del turno de oficio en las islas seguirán atendiendo a miles de personas cada año, desde casos de violencia de género hasta asuntos de extranjería o penales. Para el lector canario, la clave es que, si necesita asistencia jurídica gratuita, puede acudir a cualquier colegio de abogados o procuradores de su provincia y solicitar el servicio, que estará operativo sin interrupción.