La consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, ha actuado como portavoz de todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial para reclamar al Ministerio que reinicie el diálogo sobre el Anteproyecto de Estatuto Marco, en un intento de desbloquear la huelga de médicos que dura ya meses.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha ejercido este miércoles como portavoz de las diecisiete comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para trasladar al Ministerio de Sanidad una exigencia unánime: reiniciar desde cero la negociación del Anteproyecto de Estatuto Marco del personal sanitario. La reunión, celebrada de forma telemática, ha sido el escenario en el que Monzón ha leído un acuerdo conjunto en el que todas las regiones instan a la ministra a abrir un nuevo proceso de diálogo con las fuerzas sindicales, con el objetivo de desconvocar la huelga de facultativos que lleva más de un mes afectando a la actividad asistencial en todo el país.
La posición de las comunidades autónomas es firme: consideran que el actual proyecto de reforma del Estatuto Marco, una norma estatal que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, ha generado un conflicto que solo puede resolverse mediante el consenso. En el documento leído por Monzón se pide una metodología que garantice la participación efectiva de todas las partes, incluyendo a los sindicatos médicos, para construir un texto “equilibrado y sostenible” para el conjunto del SNS.
Esta es la tercera vez en menos de dos meses que las comunidades autónomas se pronuncian de forma conjunta sobre este asunto. Ya el pasado 20 de marzo, Monzón, junto a sus homólogos de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad proponiendo la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo. Ahora, el tono es aún más apremiante: la prolongación del conflicto laboral está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía, según recoge el acuerdo.
“Creemos que un Estatuto Marco, por su trascendencia para el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario, solo puede salir adelante desde el máximo consenso institucional y profesional”, señala el texto. Las comunidades autónomas recuerdan que la modificación de esta norma es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, pero insisten en que su aprobación requiere la implicación de quienes gestionan los servicios de salud y de quienes trabajan diariamente en ellos.
Para Canarias, la postura de Monzón tiene un valor simbólico y práctico. Las islas arrastran desde hace años un déficit de profesionales sanitarios, y la huelga de médicos agrava la situación en unos servicios que ya están tensionados. La consejera canaria ha sido una de las voces más críticas con la gestión del Ministerio en este conflicto, y su papel como portavoz de todas las comunidades refuerza la presión sobre la ministra para que dé un paso atrás y reabra la negociación.
El Consejo Interterritorial ha servido así para escenificar la unidad de las regiones frente al Ministerio, en un momento en que la huelga de facultativos se ha extendido a varias comunidades y ha provocado cancelaciones de consultas y operaciones. Las comunidades autónomas advierten de que la falta de acuerdo repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, un argumento que busca movilizar a la opinión pública y forzar al Gobierno a cambiar su estrategia.
De momento, el Ministerio no ha respondido oficialmente a la petición, pero la presión de las diecisiete comunidades, lideradas por Canarias, deja poco margen para la inacción. La pelota está ahora en el tejado de la ministra, que deberá decidir si acepta reiniciar el proceso o si mantiene su postura, arriesgándose a que el conflicto se enquiste aún más.
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