El consejero Pablo Rodríguez y la directora general María Fernández han participado en la primera Conferencia Sectorial de Transportes desde 2022, donde han reclamado que el reparto de fondos europeos y la nueva gobernanza estatal tengan en cuenta la singularidad del Archipiélago.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reclamado este miércoles en Madrid que las políticas estatales de movilidad incorporen la realidad de los territorios insulares y ultraperiféricos, como es el caso del Archipiélago. La petición se ha producido durante la primera Conferencia Sectorial de Transportes que se celebra desde 2022, un órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas que había permanecido inactivo más de cuatro años.
Rodríguez, acompañado de la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha participado en la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que se han abordado tres grandes asuntos: el Plan Social para el Clima, el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible y la implantación del futuro Abono Único. En todos ellos, el representante canario ha insistido en que las medidas deben adaptarse a la singularidad geográfica del Archipiélago.
“Celebramos que por fin se convoque esta Conferencia Sectorial porque el transporte y la movilidad son asuntos estratégicos para Canarias. Para nuestro archipiélago, hablar de movilidad es hablar de cohesión territorial, de igualdad de oportunidades y de desarrollo económico y social”, ha señalado Rodríguez durante su intervención. El consejero ha recordado que, pese a que el órgano no se reunía desde 2022, el Ejecutivo canario ha seguido trabajando con el Ministerio en asuntos como la gratuidad del transporte público, la conectividad marítima y aérea o el impulso de las infraestructuras ferroviarias.
En el apartado dedicado al Plan Social para el Clima, Rodríguez ha defendido que los recursos europeos destinados a impulsar una movilidad más sostenible incorporen criterios que tengan en cuenta las particularidades de Canarias. “No podemos diseñar las políticas de movilidad pensando únicamente en la realidad peninsular. Si los programas se centran exclusivamente en determinados modos de transporte, Canarias quedará fuera. Es imprescindible que el reparto de los fondos y las inversiones tenga en cuenta nuestra condición de región ultraperiférica y las necesidades derivadas de la insularidad y la fragmentación territorial”, ha indicado.
El consejero también ha aprovechado su intervención para mostrar la voluntad del Ejecutivo canario de firmar los convenios que dotarán de financiación a los trenes de Gran Canaria y Tenerife. “El año pasado se logró un hito muy importante para Canarias, que fue la firma de los dos protocolos con el Ministerio. La rúbrica de esos protocolos conlleva la firma de sus respectivos convenios con financiación para ejecutar una red ferroviaria que hoy es absolutamente imprescindible en el Archipiélago, por lo que quedamos a disposición para lograr que dicha firma sea posible y se efectúe”, ha asegurado.
Durante la Conferencia Sectorial también se ha abordado el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible. En este ámbito, el Gobierno de Canarias ha reiterado las alegaciones presentadas para garantizar una participación efectiva en los nuevos órganos de gobernanza previstos por la norma. Entre las propuestas trasladadas al Ministerio figuran la incorporación permanente de Canarias y de los cabildos insulares al Consejo Superior de Movilidad Sostenible, la creación de una sección específica para territorios insulares, extrapeninsulares y ultraperiféricos, así como el establecimiento de mecanismos que garanticen la participación del Archipiélago en las decisiones que afecten directamente a su movilidad y a la financiación estatal.
María Fernández ha subrayado que el Gobierno de Canarias ha mantenido una posición firme durante toda la tramitación de la normativa estatal. “Canarias ha aprovechado todos los cauces de participación para defender su singularidad. No pedimos un trato excepcional, sino que se reconozca una realidad territorial amparada por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esa singularidad debe reflejarse tanto en los criterios de financiación como en la representación de los nuevos órganos de gobernanza”, ha concluido la directora general.
En relación con el futuro Abono Único, el Gobierno de Canarias ha reiterado su disposición a convertirse en uno de los territorios donde se desarrolle el proyecto piloto impulsado por el Ministerio. El consejero ha explicado que el Archipiélago cuenta con una experiencia consolidada en el desarrollo de herramientas tecnológicas para integrar los títulos de transporte, gracias al trabajo realizado por la Dirección General de Transportes y Movilidad junto con los cabildos insulares con el Título Único de Transporte. Esta experiencia, según Rodríguez, convierte a Canarias en un candidato idóneo para probar el nuevo sistema antes de su implantación generalizada.
El consejero ha valorado positivamente la recuperación de este espacio de diálogo institucional y ha destacado la importancia de mantener una coordinación permanente entre las administraciones en una materia estratégica para el Archipiélago. “El transporte y la movilidad son asuntos estratégicos para Canarias. Para nuestro archipiélago, hablar de movilidad es hablar de cohesión territorial, de igualdad de oportunidades y de desarrollo económico y social”, ha reiterado.
La reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes supone la primera desde 2022, un paréntesis de más de cuatro años que el consejero ha considerado necesario superar para avanzar en la coordinación de políticas de movilidad entre el Estado y las comunidades autónomas. En este sentido, Rodríguez ha confiado en que a partir de ahora las convocatorias sean periódicas y permitan un seguimiento continuo de los asuntos pendientes.
La próxima cita relevante será la firma de los convenios de financiación para los trenes de Gran Canaria y Tenerife, un paso que el Ejecutivo canario espera materializar en los próximos meses. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias continuará trabajando para que las políticas estatales de movilidad no ignoren la realidad insular y ultraperiférica del Archipiélago.
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