La Consejería de Vivienda ha recibido 200 peticiones de calificación provisional desde 2024, sumando 4.047 viviendas protegidas. El Gobierno atribuye el repunte a las reformas normativas aprobadas en la legislatura.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha contabilizado 200 solicitudes de calificación provisional para viviendas protegidas desde el inicio de la legislatura, lo que supone un total de 4.047 inmuebles en tramitación. El dato, correspondiente al periodo comprendido entre 2024 y el primer semestre de 2026, refleja un cambio de tendencia en la promoción de vivienda protegida en el archipiélago, según ha informado el consejero Pablo Rodríguez.
La calificación provisional es el trámite que permite a una promoción acogerse al régimen de protección pública antes de iniciar su construcción. Puede ser solicitada por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, cooperativas o comunidades de bienes. Este indicador es clave para medir el impulso de la vivienda protegida, ya que anticipa la futura oferta de inmuebles a precio tasado.
El consejero Pablo Rodríguez ha destacado que "estos datos demuestran que las medidas adoptadas por este Gobierno están dando resultados. Cuando se eliminan obstáculos, se agilizan los procedimientos y se generan condiciones que hacen viables los proyectos, el sector responde y comienzan a ponerse en marcha nuevas promociones de vivienda protegida".
La evolución de las solicitudes evidencia una recuperación progresiva. En 2021 solo se registraron 3 solicitudes para 112 viviendas, y en 2022, 2 para 78 inmuebles. En 2023 se produjo un primer repunte con 14 solicitudes para 414 viviendas. A partir de 2024, coincidiendo con la entrada en vigor de las reformas, el crecimiento se aceleró: 75 solicitudes para 2.004 viviendas en 2024; 95 para 1.589 en 2025; y 30 para 454 en lo que va de 2026.
Rodríguez ha explicado que el incremento responde a las reformas impulsadas durante la legislatura. El Ejecutivo ha aprobado dos decretos de vivienda —uno de ellos convertido en ley— que han simplificado la tramitación administrativa, facilitado el desarrollo de suelo, reforzado la seguridad jurídica y mejorado las condiciones para la inversión. "Nuestro objetivo no era únicamente aprobar nuevas normas, sino conseguir que se construyeran más viviendas", ha señalado.
Una de las medidas más relevantes ha sido la actualización del Módulo Básico Canario, adaptándolo a los costes de construcción de cada isla. "Durante muchos años resultaba prácticamente inviable promover vivienda protegida porque los costes no se correspondían con la realidad del mercado. Corregir esa situación era imprescindible para recuperar la actividad", ha afirmado Rodríguez, quien ha anunciado que este año se volverá a actualizar el módulo para ajustarlo a la realidad de las islas.
El consejero ha incidido en que la política de vivienda se ha orientado a eliminar los principales obstáculos: la falta de suelo disponible, la lentitud administrativa y un marco económico poco atractivo. "Con las reformas impulsadas durante esta legislatura estamos cambiando ese escenario y los datos empiezan a reflejar esa transformación", ha asegurado.
Para los ciudadanos canarios, este incremento de solicitudes supone una esperanza de acceso a una vivienda a precio asequible en un mercado tensionado. La tramitación de estas 4.047 viviendas, si se materializan, podría aliviar la demanda en las islas, especialmente en las zonas con mayor presión turística y residencial. No obstante, el proceso desde la calificación provisional hasta la entrega de llaves puede llevar varios años, por lo que el impacto real en el mercado aún está por verse.
El Gobierno de Canarias prevé seguir actualizando el Módulo Básico Canario anualmente para mantenerlo ajustado a la realidad del sector. La Consejería de Vivienda continuará trabajando en la simplificación de trámites y en la disponibilidad de suelo público para nuevas promociones. Mientras tanto, las 200 solicitudes registradas son un indicador de que el camino emprendido está dando frutos, aunque desde el Ejecutivo advierten de que aún queda mucho por hacer para satisfacer la demanda de vivienda protegida en el archipiélago.
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